El uso creciente de la inteligencia artificial (IA) en la administración pública está generando numerosas oportunidades para los gobiernos. La normativa española actual ha establecido la administración electrónica y apoya la expansión e implementación de esta nueva tecnología, pero puede que no esté adaptada a las necesidades legales provocadas por la IA. En consecuencia, esta investigación tiene como objetivo identificar los riesgos asociados con los usos de la IA en la administración pública española y si los mecanismos legales pueden resolverlos. Respondemos a estas preguntas empleando un enfoque de investigación cualitativa, realizando entrevistas semiestructuradas con varios expertos en la materia. A pesar de los beneficios que esta tecnología puede implicar, a lo largo de esta investigación podemos confirmar que el uso de la inteligencia artificial puede generar varios problemas como la opacidad, la incertidumbre legal, los sesgos o las violaciones de la protección de datos personales. Los mecanismos ya previstos por la legislación española no son suficientes para evitar estos riesgos, ya que no han sido diseñados para enfrentar el uso de la inteligencia artificial en la administración pública. Además, es necesario establecer una definición legal homogénea de la IA.