Las directrices normativas para abordar el desplazamiento y reasentamiento inducidos por proyectos han tenido éxito en coaccionar a las empresas y a los profesionales para que cumplan con los estándares internacionales y los requisitos locales. Sin embargo, las buenas prácticas no siempre se han implementado de manera efectiva, lo que ha llevado a una reducción del bienestar social de las personas en las comunidades locales. Evaluamos cómo las relaciones recíprocas entre las normas institucionales y las perspectivas situadas de los profesionales sobre las interacciones entre empresas y comunidades pueden mejorar la práctica de gestión social. Basándonos en el método de análisis del discurso ambiental de Hajer y Versteeg, se evaluaron las discusiones y narrativas sobre un proyecto minero en Mpumalanga, Sudáfrica, en relación con las convenciones discursivas contextualizadas en la industria minera. Se encontró que los profesionales aprenden a manipular los requisitos legislativos, lo que perpetúa, en última instancia, la pobreza de las comunidades afectadas por el proyecto. La cuestión no es si los profesionales entienden o no los requisitos de gestión ambiental y social, sino hasta qué punto tales entendimientos son manipulados para el beneficio corporativo en lugar del bien social. Consideramos las racionalidades de los profesionales sobre el propósito y la función de la gestión ambiental y social, y cómo se implementa. Sugerimos que los profesionales y las empresas deberían construir perspectivas de identidad aspiracional positiva sobre la gestión social que trasciendan su visión limitada actual (que lograr el cumplimiento mínimo es suficiente) para aspirar a lograr mejores resultados de desarrollo social para todos, especialmente para los más desfavorecidos. Esto requiere un compromiso genuino para obtener y mantener una licencia social para operar, una transformación de perspectiva, un compromiso con la inclusión y una mayor capacidad para la reflexión crítica.