Este artículo busca comprender algunos de los retos normativos e institucionales que enfrenta la generación de energía a partir de residuos sólidos urbanos en zonas no interconectadas en Colombia. Encuentro que urge una coordinación interinstitucional entre los entes encargados de la producción de energía y los responsables de la recolección y disposición final de residuos, partiendo de una revisión de la normatividad vigente en Colombia y, advirtiendo la desarticulación entre las normas reguladoras de la generación, comercialización y distribución de energía con aquellas que versan sobre los residuos sólidos. Pretendo responder ¿cuáles son los límites y las posibilidades del marco normativo e institucional para la implementación de proyectos de energía a partir de residuos sólidos urbanos en Colombia?

Para entender las implicaciones prácticas de esta desarticulación normativa, analicé el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (en adelante SAI), a partir del cual, determiné las razones jurídicas y de capacidad institucional por las que, a pesar de haberse concluido la construcción de una planta de generación de energía con residuos sólidos urbanos (en adelante RSU) en el año 2012, a la fecha no se ha generado un megavatio de energía.