La litigación de interés público sobre la tierra (LPIL) ha surgido como un mecanismo vital para abordar la crisis de la tierra en China. Cumple dos propósitos: mitigar la tragedia de los comunes y salvaguardar los derechos legítimos de los grupos vulnerables que dependen de la tierra. En la última década, el marco de LPIL en China ha evolucionado significativamente, con una legislación mejorada y prácticas judiciales consistentes que contribuyen a la prevención de una mayor degradación de la tierra. Sin embargo, un análisis empírico de 208 casos de LPIL revela un modelo de litigio liderado por el poder judicial, con los órganos de procuraduría iniciando el 94.71% de los casos, mientras que las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los individuos representan solo el 3.85% y el 0%, respectivamente. Esta base de demandantes tan estrecha, junto con disparidades regionales significativas -el 74.52% de los casos concentrados en las diez provincias principales- y una tasa de presentación de solo el 25% para los casos administrativos, limita la efectividad del sistema. Estas limitaciones obstaculizan la capacidad de los grupos vulnerables para proteger sus derechos y oscurecen los problemas sistémicos subyacentes a un funcionamiento eficiente. Para avanzar en LPIL, China debe ampliar la elegibilidad de los demandantes, empoderar a las ONG y aclarar los límites departamentales. Estas reformas pueden mejorar la gobernanza de la tierra, garantizar una gestión equitativa de los recursos y contribuir al desarrollo sostenible.