La migración forzada de casi 6 millones de venezolanos es un problema global que está transformando los contextos urbanos, particularmente en América Latina. Ecuador es el tercer país receptor principal de venezolanos desplazados. La falta de políticas estatales de migración y la deteriorada situación económica en toda la región han tenido impactos significativos en los migrantes. Aunque la seguridad alimentaria y la migración han sido estudiadas extensamente en América Latina, su intersección sigue siendo poco explorada. A través de una revisión sistemática y una investigación en grupos focales, este estudio exploratorio analiza las condiciones de seguridad alimentaria de los venezolanos en Ecuador y los impactos de la pandemia de COVID-19 en los niveles de inseguridad alimentaria utilizando un enfoque interseccional. Los resultados de la revisión sistemática cuantitativa demuestran que las demandas de asistencia alimentaria superaron la planificación y las provisiones suministradas tanto por actores estatales como no estatales. Los resultados de los grupos focales respaldan los hallazgos de la revisión sistemática y demuestran que en las ciudades portuarias de tamaño mediano de Manta y Machala, las demandas de alimentos durante las medidas de confinamiento de la pandemia se satisfacieron a través del suministro directo de alimentos y estrategias de resiliencia, incluyendo la obtención de préstamos personales y el trueque. En contraste, en las ciudades de Quito y Huaquillas, la estricta aplicación de las medidas de confinamiento por COVID-19 redujo el acceso al trabajo y al acceso sistemático a alimentos, y aumentó la dependencia de la asistencia alimentaria de actores no gubernamentales. Este estudio también encontró que los impactos de la (in)seguridad alimentaria en el contexto de COVID-19 afectaron desproporcionadamente a las mujeres en todas las ciudades, ya que ofrecieron sus raciones de alimentos para satisfacer las necesidades de sus hijos, nietos u otros dependientes.