El uso de indicadores para medir, evaluar y valorar las actividades y políticas culturales representa una buena práctica (a menudo no practicada) para los legisladores y administradores locales y nacionales, y hoy en día es más necesario que nunca. El uso de un marco de indicadores adaptado es recomendable por varias razones, entre las cuales se encuentra la provisión de evidencia sobre el papel del patrimonio cultural, haciéndolo más visible y tangible; el desarrollo del papel de defensa del patrimonio cultural capaz de crear una narrativa basada en evidencia; y ser un incentivo para que los responsables de políticas alcancen objetivos medibles y específicos. Esta contribución busca investigar, desde una perspectiva legal, cómo medir el impacto cultural local o, más correctamente, cómo puede llevarse a cabo la medición de este impacto y cómo puede tenerse en cuenta en la promulgación de normas que determinen la creación y gestión de proyectos y actividades culturales.