La literatura especializada, las organizaciones líderes y el derecho internacional, como el Acuerdo de París, han reconocido cada vez más la relevancia de las contribuciones de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales a la adaptación al cambio climático. A pesar de esto, pocos estudios han investigado cómo se consideran sus derechos en las políticas públicas y los procesos de toma de decisiones relevantes. Este artículo explora cómo se incorporan los derechos de protección y participación de los Pueblos y Comunidades Tradicionales en los documentos de políticas públicas relacionadas con el clima y el medio ambiente, y examina cómo los miembros de la comunidad perciben su participación en la elaboración de esos documentos y sus agencias implementadoras. Para este propósito, utiliza una comunidad tradicional brasileña como estudio de caso y realiza un análisis de contenido de un conjunto de planes y programas aplicables a su territorio y una serie de entrevistas con miembros locales. Los hallazgos revelan que, aunque hay algunas referencias a los Pueblos y Comunidades Tradicionales en las partes de diagnóstico de los planes y programas, son escasas en partes sustantivas como objetivos y medidas. Además, esas referencias rara vez se relacionan con el conocimiento tradicional. Estos resultados también son visibles en los planes locales. Además, los miembros de la comunidad parecen sentirse mal protegidos de los impactos del cambio climático, desinformados sobre estos planes y programas, y pasados por alto en lo que respecta a la inclusión de su conocimiento tradicional sobre medidas de acción climática en estos planes y programas. El escaso reconocimiento del estatus protegido de estos pueblos y comunidades en el contexto del cambio climático resalta la necesidad de un diseño más sensible y robusto de planes y programas relacionados con el clima y el medio ambiente, asegurando la incorporación de sus valiosas contribuciones y conocimientos tradicionales. Se requieren más esfuerzos para reconocer esta brecha y para mejorar la traducción del derecho internacional en planes y programas nacionales y municipales, e involucrar efectivamente a los Pueblos y Comunidades Tradicionales.