En 1938, Texas, Nuevo México y Colorado firmaron el Pacto del Río Grande, estableciendo los términos de distribución de parte del agua del Río Grande para los tres estados. Tras la aprobación del Congreso en 1939, este pacto regula la asignación de agua en una región con un clima variable y condiciones de sequía frecuentes y estableció la Comisión del Pacto del Río Grande, compuesta por un comisionado de cada estado y uno del gobierno federal, para hacer cumplir el pacto. Con una población en aumento y un suministro de agua superficial en declive, el Pacto ha sido puesto a prueba entre las partes y dentro de los propios estados. En un caso actualmente ante la Corte Suprema de EE. UU. (2013), Texas afirma que Nuevo México está violando el Pacto y la Ley del Proyecto del Río Grande al usar agua en exceso de su asignación mediante su autorización de desvíos de agua superficial y subterránea. El problema se complica aún más por disputas dentro de Texas sobre regímenes legales separados para el agua subterránea y el agua superficial. Combinado con problemas de escasez creciente, la asignación de agua en el Bajo Río Grande presenta un desafío oportuno de recursos naturales. Esta revisión explora los problemas legales involucrados en el caso, así como los crecientes desafíos del crecimiento poblacional, las necesidades de desarrollo agrícola y las escaseces de agua.