La energía solar (ES) es esencial para la descarbonización de nuestra economía y para la transición energética. La energía solar puede ser una actividad económica sostenible, siempre que se logre un equilibrio entre los beneficios que aporta a la mitigación del cambio climático y los daños que puede causar a la biodiversidad y los ecosistemas. Aquí, estudiamos este equilibrio en un área con alta biodiversidad bajo presión por la instalación de numerosas plantas fotovoltaicas (PF). Nuestros resultados muestran que los desarrolladores dan prioridad a las tierras más baratas cerca de los puntos de conexión, mientras que otros valores (por ejemplo, ambientales, paisajísticos) son secundarios. El proceso regulatorio llevado a cabo por la Administración no garantiza la preservación de los valores naturales, ya que se han aprobado varias PF con un alto impacto en áreas de conservación importantes. Las alegaciones de los expertos proporcionan información de calidad a la Administración para evaluar y exigir cambios en los proyectos presentados. Tales demandas muestran que las empresas están dispuestas a reubicar plantas en tierras ocupadas por olivares. De esta manera, se logra una mayor eficiencia en la ocupación del suelo, así como líneas de evacuación más cortas, ahorro de agua y un menor impacto ambiental. Una planificación territorial estratégica previa podría haber evitado el impacto de las PF ya construidas, haber hecho compatible el despliegue de nuevas PF con la conservación de la biodiversidad y haber contribuido a mejorar la gestión de recursos clave, como los acuíferos subterráneos. Los cambios regulatorios propuestos al procedimiento de evaluación ambiental (exclusión de las energías renovables y la participación pública del procedimiento) son perjudiciales, ya que harán que la ES no pueda cumplir con los requisitos del Reglamento de Taxonomía.