Si bien parece haber consenso entre los responsables de políticas sobre la necesidad de una legislación para proteger a los denunciantes, la cuestión política emergente aborda qué marco institucional es el más adecuado para implementar la legislación sobre denuncias. Sin embargo, las instituciones a las que los denunciantes informan, que en la literatura se abordan como receptores internos o externos de las preocupaciones de denuncia, han recibido una atención académica limitada. La investigación se ha centrado en cambio en los motivos, comportamientos y experiencias de los denunciantes por un lado, y en la legislación sobre denuncias por el otro. En particular, el papel de las agencias externas, como los defensores del pueblo, las agencias anticorrupción y las oficinas del Inspector General, en el tratamiento de las preocupaciones de denuncia ha sido poco estudiado. Con el objetivo de comenzar a llenar este vacío de investigación, este documento informa los hallazgos de un estudio comparativo de agencias gubernamentales de denuncia (aparte de los tribunales) y organizaciones de protección de denunciantes no gubernamentales (ONG), como ejemplos importantes de receptores externos de preocupaciones de denuncia, en 11 países con legislación sobre denuncias. El estudio buscó encontrar similitudes y diferencias entre estas agencias, e identificar los desafíos y dilemas que la instalación de agencias de denuncia plantea. La recolección de datos se realizó mediante 21 entrevistas con expertos académicos y funcionarios de alto rango dentro de los países seleccionados, y un análisis en profundidad de documentos y reportes (de políticas) disponibles. Este documento encuentra que en los países estudiados, hay una tendencia a instalar agencias gubernamentales de denuncia que combinan diversas tareas para implementar la legislación sobre denuncias (por ejemplo, asesoría, atención psicosocial, investigación de irregularidades o represalias, y prevención de irregularidades). Cuando tales agencias están ausentes o se consideran débiles, las ONG pueden intervenir para satisfacer la necesidad. Mientras que la mayoría de las agencias gubernamentales de denuncia tienen tareas de investigación, en Bélgica y en los Países Bajos, las investigaciones de irregularidades y represalias se realizan dentro del mismo departamento por la razón de que estos temas no pueden separarse fácilmente. Otras agencias han separado estas tareas para evitar conflictos de interés o porque se alega que se necesita diferente experiencia para ambas. Se necesita más investigación para analizar los efectos de cada enfoque institucional y cómo evitar conflictos de interés, particularmente el riesgo de investigaciones parciales de irregularidades. Nuestro estudio también muestra que, aunque no muchos países proporcionan fondos gubernamentales para atención psicosocial específica para denunciantes, la mayoría de las agencias gubernamentales de denuncia sí brindan asesoría a los denunciantes e invierten en la prevención de irregularidades o en la capacitación de quienes implementan la legislación sobre denuncias. Si bien proporciona información importante sobre el papel de las agencias de denuncia en 11 países, este estudio también desarrolla preguntas para futuras investigaciones.