Este documento explora los desafíos para democratizar el control de la tierra y los recursos naturales en Guatemala a través del uso de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques (Directrices de Tenencia). Este instrumento internacional de derechos humanos llega en un momento crítico, en el que la actual carrera global por la tierra ha moldeado la transformación agraria contemporánea con serias implicaciones para el derecho a la alimentación y el control de los recursos naturales. Las Directrices de Tenencia nos brindan una oportunidad única para poner la tenencia de la tierra y los recursos naturales bajo las prescripciones del derecho internacional de los derechos humanos, en lugar de permitir que la tenencia sea absorbida por una comprensión estrecha de los derechos de propiedad basada en el derecho civil y mercantil. En Guatemala, estamos presenciando una apertura política, donde el gobierno ha incorporado el lenguaje de las Directrices de Tenencia en su marco regulatorio, a diferencia de cualquier otro país en América Latina. Al mismo tiempo, el mundo observa mientras un golpe de estado en cámara lenta envuelve al país centroamericano, reflejando una tendencia global de desmantelar democracias y cooptar el lenguaje y la legislación destinados a protegerlas. Así, la implementación de las Directrices de Tenencia es fuertemente disputada por actores estatales y corporativos que buscan utilizar el instrumento para ganar legitimidad política para la expansión de la agroindustria como la palma de aceite y la caña de azúcar, y otras formas de industria extractiva. Los hallazgos de este documento indican que, cuando se aplican junto con un enfoque basado en derechos, las Directrices de Tenencia son una poderosa herramienta social y política. Esto es especialmente cierto para las poblaciones más marginadas que requieren protección y respeto por sus derechos de tenencia existentes, promoción de reformas para un mejor acceso y control sobre la tierra y los recursos, y restauración de los derechos de tenencia resultantes del desplazamiento o desposesión.