España es uno de los países europeos que está más comprometido con la presentación de información no financiera. En 2017, España adaptó su legislación a la Directiva 2014/95/UE a través del Real Decreto-Ley 18/2017, que requería a las Entidades de Interés Público (EIP) proporcionar información de acuerdo con los requisitos de la Directiva de la Unión Europea (UE), con respecto a los ejercicios financieros a partir del 1 de enero de 2017. Nuestra investigación se centra en las empresas cotizadas en el IBEX-35 español y busca identificar las tendencias actuales en la elaboración de informes no financieros. Hasta donde sabemos, el presente documento es el primer estudio que examina el impacto que han tenido en España los cambios legislativos. Nuestro objetivo es analizar la publicación de información no financiera por parte de las empresas cotizadas españolas cuyos primeros informes al respecto se realizaron a partir de principios de 2018. Específicamente, consideramos el impacto de esta divulgación de información, determinando si las empresas en cuestión se limitan a cumplir con los requisitos regulatorios o si van más allá y proporcionan voluntariamente información adicional. Nuestros hallazgos muestran que el nivel de cumplimiento normativo producido está asociado con el sector empresarial en el que opera la empresa. También mostramos que las tasas más altas de divulgación de información no financiera corresponden a empresas que proporcionan esta información en el informe de sostenibilidad.