La seguridad y la integridad de los sistemas electorales representan pilares fundamentales de la gobernanza democrática en el siglo XXI. A medida que los procesos electorales dependen cada vez más de tecnologías en red e infraestructuras digitales, la vulnerabilidad de estos sistemas a las amenazas cibernéticas se ha convertido en una preocupación primordial para los funcionarios electorales, expertos en ciberseguridad y responsables de políticas en todo el mundo. Este documento presenta la primera síntesis integral y análisis sistemático de las vulnerabilidades en los principales sistemas electorales de EE. UU., integrando hallazgos de evaluaciones gubernamentales, investigaciones de seguridad e incidentes documentados en un marco analítico unificado. Compilamos y categorizamos datos de vulnerabilidad previamente fragmentados de múltiples proveedores, avisos federales (CISA, EAC) y evaluaciones de seguridad para construir una visión holística del panorama de la seguridad electoral. Nuestra contribución novedosa incluye (1) la primera taxonomía de vulnerabilidades entre proveedores para sistemas electorales, (2) un marco de evaluación de riesgos cuantitativos diseñado específicamente para la infraestructura electoral, (3) un mapeo sistemático de las capacidades de los actores de amenazas contra los componentes del sistema electoral, y (4) la primera propuesta para el despliegue de honeynets en contextos de seguridad electoral. A través del análisis de más de 200 fuentes autorizadas, identificamos brechas de seguridad críticas en las directrices federales, cuantificamos riesgos en componentes electorales en red y revelamos vulnerabilidades sistémicas que solo emergen a través de un análisis integral entre sistemas. Nuestros hallazgos demuestran que las vulnerabilidades interconectadas crean factores de amplificación de riesgo de 2 a 5 veces en comparación con el análisis de componentes aislados, destacando la urgente necesidad de estándares federales de ciberseguridad integrales, una mejor segmentación de la red y capacidades de monitoreo mejoradas para proteger los procesos democráticos.