Según cifras de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), entidad que indica qué tanto dinero se destina para el desarrollo de proyectos de innovación año tras año, la inversión monetaria total en innovación durante este periodo fue cerca de 64 billones de pesos, siendo 2015 el año que registró una mayor inversión, y 2002 el menor.

Parte de la inversión en innovación la hacen las empresas privadas, a las cuales el Estado les ofrece beneficios y descuentos en impuestos con la condición de que esos recursos se inviertan en innovación. Sin embargo, sigue siendo una propuesta que demanda estricta vigilancia por parte de los entes de control.

“Sin esta inversión, Colombia pierde competitividad, pues los países y empresas de élite y a la vanguardia mantienen ese reconocimiento por ser los más innovadores a lo largo del tiempo, invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación”.

Estas fueron las conclusiones a las que llegó el investigador Raúl Andrés Laverde Yepes, magíster en Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

En su estudio, analizó la relación entre el riesgo país de Colombia, medido a través del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+), y su nivel de innovación aproximado, mediante las cifras de número de patentes o de inversión en ACTI entre 2001 y 2018. Además trabajó con datos del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT).

Herramienta para políticas públicas

Los resultados de la investigación muestran que un riesgo país bajo implica un nivel de innovación alto, y a su vez un nivel de innovación alto implica un riesgo país bajo, que para el caso de Colombia tiene un impacto considerable sobre el nivel de innovación, por lo cual la política pública se debe diseñar bajo la premisa de que el mantenimiento de un riesgo país bajo es rentable.

“Para tener un riesgo país saludable es esencial que Colombia obtenga una reputación de buen pagador, es decir que cumpla con sus obligaciones financieras, sobre todo en momentos difíciles para la economía global.

Otra de las opciones para mantener un buen estatus y reducir el riesgo país es mantener los incentivos tributarios, que para el caso colombiano estos beneficios actuales están regidos por la Ley 1819 de 2016, y son de dos tipos: descuento tributario y exención de impuestos.

“El primero consiste en ‘una deducción a la renta bruta del 100 % de la inversión y un descuento al impuesto de renta del 25 % del valor invertido’, mientras que las exenciones de impuestos hacen referencia a ‘Exenciones de IVA, ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional y renta exenta por nuevo software’”, detalla el investigador.

En su estudio concluye que estos resultados pueden servir de respaldo para la construcción o actualización de políticas públicas en relación con la innovación y el estímulo de las empresas para innovar.