Ante esta realidad, es imperativo impulsar un cambio estructural en las economías a través de la reasignación de capital y trabajo hacia actividades más productivas para fomentar el crecimiento económico y mayores ingresos. Además, se hace necesario reconocer los límites de la sobreexplotación de los recursos naturales, que nos acercan peligrosamente a puntos de inflexión ecológicos críticos.

Los gobiernos deben alinear el desarrollo económico con la capacidad del planeta, como lo respalda la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La política industrial verde emerge como una respuesta estratégica a esta encrucijada, impulsando una transformación estructural de las industrias hacia una economía baja en carbono, eficiente en uso de recursos naturales y resiliente al clima, todo ello sin perder de vista la mejora de productividad en la economía. Estas políticas se enfocan en invertir en sectores rentables que faciliten la transición energética, la adopción de prácticas de producción más limpia, la promoción de tecnologías verdes, el impulso de la eficiencia energética y la reducción de la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero; típicamente mediante el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Lo cierto es que la implementación de políticas industriales verdes es una necesidad ineludible.

¿Por qué darle un matiz verde a la política industrial?

El matiz verde de la política industrial se basa en un enfoque de sostenibilidad ambiental permeable desde su diseño, acentuando la promoción de la competitividad y la transformación estructural. La política industrial verde va más allá de la política industrial tradicional, abordando las externalidades ambientales, gestionando bienes globales comunes y priorizando la integración de factores ambientales en la toma de decisiones.

Abstenerse de usar un enfoque de sostenibilidad en la política industrial no solo desaprovecharía oportunidades competitivas, sino que también expondría a las economías de la región a una carga financiera desproporcionada debido a los efectos del cambio climático, que en la actualidad ya se están presentado.

Las políticas públicas deben ofrecer orientación, herramientas, instrumentos tecnológicos e incentivos para promover la innovación verde, así como para invertir en ella. En tecnologías maduras, donde la investigación, el desarrollo y la demostración han sido exitosos, suele ser el sector privado el que lidera la introducción de estas tecnologías en el mercado. Durante la etapa de desarrollo, los gobiernos suelen desempeñar el papel más protagónico impulsando la investigación tecnológica, aunque su participación tiende a ser menor en comparación con los países industrializados y de ingresos más altos. No es así para el caso de las tecnologías climáticas maduras en los países en desarrollo que a menudo dependen del liderazgo gubernamental.

Por lo tanto, es esencial generar las condiciones habilitantes para fomentar la inversión privada en la adopción a escala de tecnologías climáticas que ayuden a reducir emisiones y vulnerabilidad al cambio climático, al mismo tiempo que se mejoran las capacidades del sector público para abordar el cambio climático, en colaboración con el sector privado. Un ejemplo concreto de esta colaboración es la iniciativa Compra Pública dirigida a Empresas B en la provincia de Mendoza, Argentina. Esta medida no solo impulsa a las empresas a adoptar intencionalmente prácticas más sostenibles (por ejemplo, vinculándose a cadenas de suministro más ecológicas), sino que también demuestra cómo las políticas públicas pueden promover la innovación y el desarrollo sostenible en colaboración con el sector privado.

¿Cómo impulsar políticas industriales verdes en la América Latina y el Caribe?

La abundancia de recursos naturales en la región brinda una ventaja única para transformar los sectores productivos existentes y explorar sectores emergentes. Los países de la región avanzan en el desarrollo de capacidades para la extracción sostenible de minerales críticos como el litio, cobre y níquel, mientras se promueve la producción de hidrógeno verde y se adopta energía renovable en sectores intensivos en carbono, como el hierro y el acero, cemento y petroquímicos, en el marco de la transición energética. Además, se fomenta el turismo sostenible, protegiendo sus ecosistemas acuáticos y biodiversidad, y prácticas verdes en la agricultura, como el uso de fertilizantes y herbicidas orgánicos y soluciones basadas en la naturaleza. Políticas industriales verdes guían estos esfuerzos, haciendo hincapié en la eficiencia de recursos y procesos productivos, la energía renovable y materiales respetuosos con el medio ambiente.

Los cambios recientes en las políticas industriales de Estados Unidos, países europeos y asiáticos destacan la complejidad de la agenda industrial y de innovación, requiriendo un enfoque equilibrado y adaptable, especialmente en el contexto de las instituciones de América Latina y el Caribe y subrayando la urgencia de cambios estructurales necesarios. Todo esto nos hace reflexionar sobre lo que se requiere para impulsar políticas industriales verdes en la región, incluyendo las siguientes acciones:

1. Identificar los problemas más importantes de uso de recursos y contaminación dentro de la industria;
2. Seleccionar tecnologías críticas, teniendo en cuenta las capacidades científicas y tecnológicas locales;
3. Fomentar la investigación orientada por misión, alineada con desafíos nacionales y globales;
4. Apoyar la creación y/o fortalecimiento de centros de innovación y transferencia tecnológica para promover el desarrollo en regiones menos favorecidas;
5. Desarrollar instrumentos financieros innovadores para respaldar la investigación y desarrollo (I+D) de mayor riesgo;
6. Desarrollar capacidades para todos los actores del sistema nacional de innovación, con énfasis en capacidades de monitoreo y evaluación.

La coordinación entre diferentes partes interesadas (sectores público, privado, academia, sociedad civil y cooperación internacional), la promoción de la diversidad e inclusión en la fuerza laboral de ciencia y tecnología, y la integración de la perspectiva de género son, sin duda, elementos transversales que no pueden pasarse por alto en este proceso.

Desarrollar capacidades, una tarea pendiente

La inversión en investigación y desarrollo en los países de América Latina se ha mantenido estancada en alrededor del 0,65 % del PIB, representando apenas un 2.3 % del total mundial. No en vano, el Índice Global de Innovación 2023 no incluye a ningún país de la región en las primeras 40 posiciones de su escalafón. Estas limitaciones tanto en el sector público como en el privado obstaculizan la formulación e implementación exitosa de políticas industriales verdes.

El problema de la falta de capacidades afecta la coordinación pública necesaria y ha obstaculizado tanto las políticas industriales tradicionales como las verdes. Una aproximación centrada en misiones puede ser útil para resolver los desafíos de coordinación, con herramientas adicionales para fortalecer la eficacia de estas políticas (como mesas ejecutivas, consejos de competitividad, etc.). En este sentido, impulsar políticas industriales verdes en la región requiere un enfoque integral que aborde tanto las deficiencias institucionales como los incentivos y regulaciones necesarios para fomentar la adopción de prácticas más sostenibles por parte del sector industrial. La coordinación efectiva entre los diferentes actores gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil será fundamental para lograr resultados exitosos en este ámbito.

El esfuerzo por desarrollar capacidades para impulsar políticas industriales verdes en la región se enfrenta a desafíos multifacéticos que requieren atención focalizada e intervenciones estratégicas, diferentes de los enfoques tradicionales. Se ha demostrado que es posible desacoplar las emisiones del crecimiento económico y ante la crisis climática es crucial adoptar mejores prácticas que apoyen a reducir sus impactos sin comprometer la productividad y competitividad del sector productivo de América Latina y el Caribe. La región tiene la tarea de navegar por este panorama para asegurar que las políticas industriales verdes contribuyan de manera efectiva tanto a la prosperidad económica como a la resiliencia climática.

Vanderleia Radaelli

Vanderleia Radaelli es Especialista Líder en la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington. Es economista por la Universidad Estatal Paulista (UNESP) y cuenta con una Maestría y un Doctorado en Politica Científica y Tecnológica por la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), Brasil. Tiene más de 20 años de experiencia internacional en dialogo de políticas con autoridades nacionales, diseño, implementación y evaluación de políticas industriales e de innovación. Sus áreas de interés incluyen: desarrollo económico, estructura industrial, cadenas de valor, clusters industriales, talento y capital humano avanzado, ecosistemas de innovación, emprendimiento, propiedad intelectual, cambio climático y transición energética, gestión de la política científica y tecnológica, compra publica de innovación, bancos de desarrollo, genero, disciplinas STEM y transformación digital.

Sandra López

Sandra López es especialista de cambio climático de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación (CTI) del BID. Es experta en el diseño y ejecución de proyectos, políticas e inversiones que promueven la descarbonización y la resiliencia climática a nivel nacional, subnacional y empresarial para acelerar la acción climática a través de la investigación, desarrollo e innovación. Anteriormente, fue consultora de la División de Cambio Climático del BID. En el Banco Mundial, apoyó la incorporación del cambio climático en la agenda urbana, en ciudades rápidamente urbanizadas en África y el sur de Asia, y contribuyó a la estrategia del Banco Mundial para alinear sus operaciones urbanas con los objetivos del Acuerdo de París. Antes de unirse al BID, trabajó en el Ministerio de Ambiente de Colombia, coordinó el Grupo de Mitigación de Cambio Climático y participó en las negociaciones internacionales de cambio climático. Sandra tiene una maestría en Gestión y Política Ambiental de la Universidad de Lund, Suecia; y es ingeniería civil de la Universidad Javeriana, Colombia.

Nathalia Amarante Pufal

Consultora de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Nathália cuenta con amplia experiencia en el diseño e implementación de proyectos de innovación y en los temas de capacidades de innovación, competitividad, emprendimiento y gestión de la innovación en los ámbitos público y privado. Antes de unirse al BID, Nathália fue gerente de proyectos de innovación a nivel municipal y estatal en Brasil, profesora de Administración de Empresas en Brasil, visiting scholar en el Institute for International Science & Technology Policy de la George Washington University e investigadora del NITEC Innovation Research Center. Nathália cuenta con una Maestría y un Doctorado en Innovación, Tecnología y Sustentabilidad de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul en Brasil.

Gina Cárdenas

Gina Cárdenas es consultora en la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), basada en Washington D.C. Desde allí trabaja con tomadores de decisión de países de América Latina y el Caribe, conceptualizando y ejecutando proyectos orientados a promover la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo productivo, mejorar la competitividad del sector privado y generar productos de conocimiento para la toma de decisiones de política pública. Antes de unirse al BID trabajó en la Vicepresidencia de Economía del Desarrollo del Banco Mundial brindando asistencia técnica a gobiernos nacionales y subnacionales de América Latina y África para el fortalecimiento del clima de negocios y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Es Economista y Magíster en Economía de la Universidad del Norte, Colombia.

Alessandra Gonzáles

Alessandra es especialista de sector de CTI enfocada en promover políticas de desarrollo productivo efectivas en América Latina y el Caribe. Se destaca por su experiencia de cerca de 10 años en el fortalecimiento de capacidades institucionales públicas para el diseño, ejecución y evaluación de proyectos que fomentan el emprendimiento de alto crecimiento, la innovación empresarial, entre otros. Posee una Maestría en Economía de la Universidad Pompeu Fabra (España).

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